Ser VIH positiva en la crisis de Venezuela

[REPORTAJE] La falta de medicamentos, alimentos y atención de las autoridades sanitarias ha perjudicado la condición de salud de este sector de la población.

Por Natalia Bonilla

Carolina* es VIH positiva. Solía tomar un bus de dos horas hasta llegar a Caracas, donde recibía tratamiento antirretroviral, así como otras residentes del estado de Miranda. Desde noviembre de 2016, la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela llevó a Carolina a resguardarse en su casa, porque no tiene dinero para ir a la ciudad capital. Ha bajado de peso: 20 kilos. Antes de la crisis en su país, se declaraba chavista y apoyaba la Revolución Bolivariana. En la actualidad, piensa distinto y dice que “yo no estoy a favor del gobierno porque yo nunca he pasado hambre como la estoy pasando ahora”.

En varias ocasiones, buscó ayuda gubernamental para financiar sus medicamentos pero no obtuvo respuesta. También presentó su caso ante un consejo comunal, donde le pidieron su informe médico. Por miedo a ser estigmatizada por su diagnóstico, optó por no presentarlo ya que no contaba con garantías de seguridad ni privacidad. El temor persiste aún tres años después de que el Gobierno de Venezuela aprobara la Ley de Protección de Personas con VIH y sus Familiares, un instrumento que rechaza cualquier tipo de discriminación hacia este colectivo.

“Hay temor a ser discriminadas. La sociedad venezolana no maneja suficiente información ni está suficientemente sensibilizada para no discriminar”, explica Grisbel Escobar, licenciada y directora general de Musas Venezuela, una organización sin fines de lucro que ofrece ayuda psicosocial a mujeres con diagnóstico VIH positivo.

Como Carolina, hay unas 37.000 mujeres registradas con VIH positivo en Venezuela, según un informe de 2015 de ONU Sida. Para ese año, la población de VIH se calculaba en unos 110.000. Actualmente, se desconocen cifras más recientes porque las autoridades gubernamentales dejaron de contabilizar casos por falta de recursos, relata Grisbel.

“Las mujeres no tenían protección social ni antes ni después de la crisis”, explica. Sin embargo, comenta que la participación de adultas y jóvenes en sus programas (de orientación y atención) “ha mermado significativamente” con el pasar del tiempo y la agudez de la crisis política y económica, dado a que la mayoría son pobres y viven en ciudades remotas a Caracas. Con la inflación de productos alimenticios e insuficiencia de medicamentos, denuncia que “muchas están pasando hambre” y según varias usuarias de sus programas, “comen mayormente una vez al día”.

Rosa* reside en una localidad a una hora de Caracas. Es madre de dos hijos y tras el elevado costo de alimentos, ha adelgazado mucho. Aunque cuenta con el apoyo económico de su esposo, ya no compra las mismas cosas que antes porque el dinero no le alcanza. Supo de su diagnóstico VIH positivo en su segundo embarazo y, a raíz de la revelación, el personal médico, dice, la trató muy mal. Empezó a ir a una clínica privada donde le suministraban reactivos y desde hace dos años, sólo la reciben una vez. El reactivo debe ser suministrado dos veces al año.

La falta de comunicación por parte de las autoridades sanitarias agrava la situación de la población VIH y de las organizaciones de carácter civil que tienen como fin atenderla. Una de las principales preocupaciones de esta crisis es que las madres VIH positivo recurren a amamantar a sus hijos ante la escasez y encarecimiento de las fórmulas lácteas, cuyo precio se triplicó en el mercado entre diciembre 2016 y febrero 2017. Esto supone un riesgo que aumenta las probabilidades de la transmisión materno-infantil. La Organización Mundial de la Salud señala que “una mujer infectada por el VIH puede transmitir el virus al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia” y que la administración de medicamentos antirretrovirales a una madre infectada o un bebé expuesto al virus “puede reducir significativamente” el riesgo de transmisión del VIH por medio de la lactancia natural. No obstante, el Gobierno de Venezuela dejó de administrar medicamentos antirretrovirales desde noviembre de 2016 y aún se desconocen las cifras de los nuevos casos.

“Las madres se están viendo obligadas a amamantar”, aclara Grisbel y pone como ejemplo el caso de Ana*, de 22 años, que comenzó a asistir a los cursos de autoestima y ayuda psicosocial que ofrecía la organización. Después de varios meses, dejó de asistir. “Hemos perdido contacto con ella. Tenía el diagnóstico VIH positivo y la habían regañado por estar amamantando”.

El dilema de amamantar va muy ligado a la situación económica y social del país. Independientemente de que las madres VIH positivo trabajen en empleos con salarios mínimos, el desabastecimiento de productos y el encarecimiento de los disponibles (no necesariamente de mejor calidad nutricional), suponen un problema mayor para la salud materno-infantil. Hasta en el mercado negro están llegando las consecuencias. Precisamente, la  FAO en su informe de marzo 2017 dio a conocer que “el deterioro económico de Venezuela podría causar graves cortes en productos incluyendo alimentos y medicinas. Por lo tanto, la seguridad alimentaria necesitaría ser observada”.

A principios de junio, Musas Venezuela junto a la entidad StopVIH y otras 130 organizaciones no gubernamentales del país se unieron en una campaña para denunciar una “emergencia nacional” por el desabastecimiento de fármacos antirretrovirales que afecta a 80 % de las personas con VIH que dependen de este tipo de medicamentos, que según la legislación venezolana deben ser distribuidos sin costo alguno.

Los nombres en asterisco* son ficticios por motivos de seguridad.

(Fotos cedidas por Grisbel Escobar, directora general de Musas Venezuela).