“Nadie estaba preparado para recibir la guerra en su casa”

Ni en las salas de redacción. Víctimas de la estrategia de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto analizaron la violencia desatada por esta controversial política interna contra el narco en México.

¿Por qué la garantía de «no repetición» de violaciones a derechos humanos se ha normalizado en Colombia y no en México? La directora ejecutiva de la organización mexicana Periodistas a Pie, Daniela Pastrana, se preguntó con su equipo cuando visitaron el país sudamericano a principios de octubre pasado.

Luego de varios días de analizar la diferencia de contextos y los resultados del plebiscito por la paz, concluyeron que los colombianos “tienen conciencia de la destrucción. En México, la violencia es a dosis. Oímos y oímos de masacres pero sigue funcionando todo”, dijo.

En el foro México: Seguridad sin Guerra, que tuvo lugar hoy en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Pastrana participó con otros seis expertos del panel Los rostros de la guerra: víctimas y victimarios.

La periodista explicó que la estrategia de seguridad de Calderón (2006-2012) para combatir el narcotráfico tomó a la ciudadanía desprevenida.

“Nadie estaba preparado para recibir la guerra en su casa ni en las salas de redacción”, recordó Pastrana.

La ola de asesinatos, desapariciones forzosas, masacres, feminicidios -entre otros crímenes- perpetrados por los carteles de droga y las fuerzas de seguridad del Estado cobraron mayor visibilidad y poca respuesta.

Un informe de 2013 de Human Rights Watch calculó que entre 2006 y 2012 se reportaron más de 60.000 asesinatos y 26.121 personas desaparecidas durante el sexenio de Calderón.

“La seguridad de las instituciones va por encima de la seguridad de las personas”, dijo Roberto Villanueva, representante del Movimiento por la Paz.

Según Villanueva, la seguridad ciudadana en México no sólo se ha visto trastocada por una estrategia militar que viola los derechos humanos sino también por otros dos problemas:

1) la impunidad y corrupción del Estado y los actores políticos del conflicto y,

2) la ruptura del tejido social, que desencadena en “juventudes tronchadas” por la delincuencia organizada.

“Mientras más ‘black hawks’ usen, el narco hará una escalada en su armamento” y los ciudadanos serán utilizados como “carne de cañón” de grupos criminales, añadió.

“Es un posicionamiento de paz a base del terror”, dijo Villanueva.

La militarización, impunidad y la falta de infraestructura del Estado para implementar leyes que protejan la vida de los ciudadanos también ha supuesto un grave dilema para los periodistas.

“Hemos tenido que dejar a un lado el trabajo de documentación para venir a foros como éste a contar cómo la violencia ha afectado a los periodistas”, señaló Pastrana.

Entiéndase, apuntó, que los reporteros se han visto obligados a reportar a favor de un cartel u otro para no poner sus vidas, carreras ni familiares en riesgo.

A raíz de esa dinámica y la falta de seguridad general a los periodistas, poco se ha documentado sobre quiénes se han beneficiado del conflicto.

“La guerra es un negocio”, dijo Pastrana, quien mostró preocupación por cómo el miedo generalizado ha supuesto que las narrativas periodísticas se conformen en la denuncia y no en mostrar los matices de este conflicto.

Según la reportera mexicana, “no solo somos víctimas y victimarios sino sujetos de derecho”.

La escasez de lugares conmemorativos para la memoria también forma parte de una táctica del discurso oficial para descentivar la búsqueda de vínculos sociales y mantener control sobre la sociedad.

“Ahora todos somos víctimas o victimarios, cada vez somos menos testigos”, dijo Nashieli Ramírez, coordinadora general de la red Ririki Intervención Social.

Ana Teresa Hernández, madre de un hijo desaparecido y representante de Por amor a ellxs, destacó que existe evidencia que demuestra que «los grupos criminales actúan con el consentimiento de las autoridades».

Tras la llegada de Peña Nieto a ocupar la silla presidencial de México en 2012, el mandatario prometió dar marcha atrás al plan de seguridad de su predecesor. Sin embargo, en poco más de cuatro de sus seis años en el poder se han registrado más de 60.000 asesinatos a un promedio de 20.000 al año.

Durante ese período han quedado sin esclarecer uno de los más notorios casos tal y como es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se suma al movimiento social por la búsqueda de miles de otros ciudadanos desaparecidos y asesinados desde hace años en el país.

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(Foto de portada tomada por Natalia Bonilla)