Los precandidatos a las elecciones presidenciales de Colombia pretenden acabar con la corrupción. Buscan terminar con la burocracia y la malversación de fondos y, de paso, asegurar que la implementación de los acuerdos de paz sea efectiva. No obstante, este desvío de atención para atender uno de los cánceres más perversos del país podría ser contraproducente para el escenario posconflicto.
Más de una decena de figuras políticas han expresado su interés oficial en participar de la contienda electoral del 2018. Lejos de los temas de guerra y paz, los discursos de algunos precandidatos como Claudia López y Sergio Fajardo, entre otros, han girado en torno a la erradicación de la corrupción. El mal que aqueja la política colombiana desde hace varias décadas y que hace algunas semanas volvió a acaparar las portadas con el caso de Odebrecht. Aún es pronto para saber las posturas del recién formado partido Voces de la Paz, el brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llamadas la desarme tras la firma del acuerdo de paz en septiembre pasado.
A tan tempranas instancias de la carrera, resulta preocupante que se intente priorizar algo más allá que la implementación del acuerdo de paz. Claramente, la corrupción es grave y se debe atender para mejorar la democracia y las arcas financieras del país. Sin embargo, es una iniciativa que tomará años en concretarse y se corre el riesgo de distanciarse de la promesa de construcción de paz del actual gobierno. Se corre el riesgo de tomar por sentado (y sería un error pensar así), la desmovilización y reintegración de las FARC o acabar con otros frentes del conflicto armado -que aún continúa- con otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional.
Considero que este cambio de discurso responda a dos vertientes: 1) arrancar la raíz que presenta escollos a la sociedad colombiana (y en el proceso evitar que los políticos de las FARC se unan a esta práctica) 2) alejarse de la paz que promueve la Administración de Juan Manuel Santos.
Esta última rama es la que más controversia causa. El próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia tendrá que responderle al pueblo por el éxito o fracaso del acuerdo de paz con las FARC. Una implementación que se estima durará un mínimo de 10 años y que costará más de 30 mil millones de dólares. Gran parte de ese dinero saldrá del bolsillo de los ciudadanos, una penalidad que no muchos quisieran pagar.
El precio de la paz -la de Santos, la de ellos o la de los colombianos (y sus muchas otras variantes, si contamos actores externos)- no debería amedrentar a los políticos cuando continuar la violencia sería más caro. En julio de 2016 se logró algo poco probable un acuerdo con las FARC. Dos meses después se logró la firma final, seguido por un plebiscito de escasa participación ciudadana. Las modificaciones al acuerdo de paz con la aprobación del uribismo fueron hechas.
Hoy 31 de enero, las FARC cumplen su entrada -por fin- a las zonas veredales de transición. Seis largos meses durará el proceso de desmovilización y será el comienzo de un programa más extenso -y que durará más allá de las elecciones presidenciales de 2018- con la Agencia Colombiana de Reintegración.
Hay que entender que la percepción de la paz, la construcción de ella, en el contexto colombiano tendrá un curso frágil. La firma del acuerdo de paz puso fin a la violencia directa pero no va a acabar con las causas que llevaron al levantamiento de armas y al surgimiento de las FARC y otras guerrillas. Sí, los seis puntos del acuerdo proponen acabar con estas preocupaciones pero sólo si se les destina el tiempo, dinero y la voluntad que se necesitan para que así suceda.
Lecturas recomendadas:
Pacifista: ¿Lucha contra la corrupción o implementación de la paz? Esto dicen los precandidatos presidenciales
Las2orillas: Atacar la corrupción o implementar los acuerdos, el dilema del nuevo presidente de Colombia
(Foto de portada publicada en TeleSUR, crédito Reuters)
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